Unidas Podemos falta a la verdad cuando afirma que en Baleares hay más de 500 personas con más de 50 viviendas

Ante el anuncio realizado por Unidas Podemos (UP) en el que afirma que “solo en Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas a su nombre” desde la Asociación Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) respondemos, “se trata de un titular tendencioso que lo único que busca es generar malestar y avivar, todavía más, la problemática de la vivienda para así sacar un rédito electoral” ha afirmado el presidente de ABINI, Hans Lenz. 

La estadística pública del catastro indica que hay 493 titulares catastrales con más de 50 inmuebles urbanos, lo que, además de viviendas, incluye locales, trasteros, plazas de aparcamiento, etcétera. Cualquier promotor que haya hecho un edificio de pisos y practique una división horizontal también saldrá incluido en ese cómputo. No se trata por lo tanto de 50 viviendas, sino que allí tienen cabida todo tipo de inmuebles con distinto uso, por lo que la afirmación es un engaño que merece una corrección pública.

Además, en la rueda de prensa pre-electoral de Unidas Podemos se comunica un aumento de precios en Baleares del 75% cuando según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que elabora el INE, el incremento desde enero de 2019 a septiembre del 2022 (último dato disponible) ha sido del 26%. El precio del suelo urbano ha subido un 19,2% según el indicador oficial del Ministerio de Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana durante el mismo periodo. Es preocupante como se utilizan datos no contrastados y muy alejados de las cifras de los registros oficiales.

Desde UP se culpa de forma interesada del aumento de precios a la compra de suelo por parte de no residentes cuando han sido las continuadas limitaciones y eliminaciones de suelo edificable de su propio Gobierno los que han provocado la mayor especulación inmobiliaria jamás vista en Baleares. Hace veinte años que se ignoran, y siguen obviando, las cifras de crecimiento de población que anuncia el INE. Según el último Censo de Población y Viviendas del INE del 2021, Baleares es la Comunidad Autónoma que más ha crecido en el periodo de 2011-2021 con un aumento de población del 7,5%. Las previsiones del INE que crezcamos en 306.000 personas en Baleares hasta el 2037 son igualmente ignorados en los planeamientos urbanísticos. Es una autentica irresponsabilidad seguir ordenando el urbanismo y la vivienda de esta manera.

Tampoco se ha hecho nada para adaptar el sistema urbanístico, tipologías, densidades, alturas, usos flexibles, o establecer un cambio de uso para edificios obsoletos que de algún tipo de resultado. Basta mirar la ciudad de Palma que se ahoga por falta de vivienda mientras una creciente y asombrosa cantidad de locales comerciales permanecen vacíos y el nuevo Plan General todavía saca 700.000 m2 más de superficie de uso comercial. Igualar el skyline de Palma también habría sido una acción, pero se ha pasado por alto. ¿Es este un uso sensato y eficiente del muy valioso y escaso espacio del cual disponemos? 

Ahora que la compra por parte de no residentes claramente retrocede, tampoco bajan los precios, porque el error está en el anticuado e ineficiente sistema de vivienda que se ha enquistado en Baleares. ¿Limitar la compra a no-residentes va a solucionar este problema sistémico? La respuesta es claramente que no. No solamente causará un enorme perjuicio económico de muy difícil reparación, pérdida de puestos de trabajo y desplome de la recaudación de impuestos para las arcas públicas, sino que las empresas de Baleares recibirán un fortísimo golpe al hacerse todavía más difícil atraer talento a las Islas.

Desde ABINI mantenemos que tanto la insistente criminalización de las personas y sociedades que desarrollan vivienda para dedicarla al alquiler –viviendas que urgentemente necesitamos en Baleares- y la limitación de compra de viviendas solo a personas residentes en las islas no van a arreglar el problema de falta de vivienda sino que ya están agravando la situación. Sin un marco de seguridad jurídica la inversión se está desplomando y no se generan las viviendas que necesita la población residente Baleares. El mal llamado fondo buitre, al cual tanto se alude, nunca se estableció de forma notable en Baleares porque el stock de vivienda nueva disponible en la crisis financiera del 2008 fue mínimo y pronto quedó absorbido por el mercado. La amplia mayoría de vivienda en alquiler en Baleares pertenece a pequeños ahorradores, en su mayor caso familias que están asustadas ante el espectáculo que se está dando y que preferirán retirarlas del mercado antes que caer víctimas de arbitrarias e intervencionistas leyes que no les protegen ni les ayudan a la hora de desokupar sus casas.

La cifra de que hay más de 70.000 viviendas vacías en Baleares también genera importantes dudas. Es un valor no contrastado ya que se sabe, según el Censo de Población y Vivienda del 2011 (el siguiente Censo de Vivienda del INE saldrá en junio 2023), que en Baleares existe un parque total de viviendas que supera las 586.000 unidades. Según ese último registro el 73% de las viviendas son viviendas principales de residentes en la Comunitat. En el cómputo de 70.000 viviendas vacías entran viviendas que se usan como segundas residencias, también para uso de la población de Baleares. Sin un método claro que elimine con seguridad las segundas residencias del cómputo de viviendas vacías y sin una actualización, a todas luces necesaria después de más de una década, usar la cifra de 70.000 viviendas vacías con finalidad de crear legislación intervencionista resulta muy preocupante.

La búsqueda de un rédito electoral con políticas de vivienda que poco respetan la propiedad privada, ni leyes estatales y europeas, ponen en riesgo un modelo de convivencia que ha perdurado durante muchas décadas en Baleares. La muy preocupante falta de vivienda asequible se está utilizando como arma arrojadiza con fines partidistas, en vez de sentarse a trabajar con el sector, el cual dispone de medios y conocimientos para arreglar el problema, pero que sucumbe ante una maraña legislativa y administrativa de imposible solución. Los partidos que han gobernado en las Islas Baleares durante los últimos ocho años son directamente responsables de la situación de falta de vivienda y el aumento de precios. A todos los expertos no les queda la menor duda que el gran culpable de la escalada de precios es la falta de previsión, eliminación de 20.000 futuras viviendas por culpa de las restricciones implantadas en las 19 modificaciones legislativas de los últimos cuatro años y el nulo interés por adaptar las medidas correctoras que incansablemente repite el sector inmobiliario. La sociedad demanda una solución a voces y los expertos permanecen incrédulos ante la nula disposición de trabajo en equipo, mientras continúa un festival de ocurrencias que ya han demostrado no funcionar. Véase el desastroso resultado de la limitación de precios de alquiler en Berlín, con una contracción de la oferta en un 40% según el Instituto IFO, además de la declaración de inconstitucionalidad y Nueva Zelanda donde el precio de la vivienda se ha encarecido un 55% desde que limitó la compra por parte de extranjeros. En cuanto a Canadá, parece que la decisión de prohibición de compra tampoco conllevará el resultado prometido: el tiempo lo dirá, de momento jalear una medida que no ha producido resultados es sencillamente oportunista.

No existe una varita mágica para solucionar un problema tan complejo y regulado como la vivienda. No obstante, una cosa está clara: en Baleares falta vivienda para la población residente y la solución pasa por construirla. Según datos del Colegio de Arquitectos de Baleares en los años ochenta se construían 20.000 viviendas/año en Baleares y en 2022 solo llegaremos a las 2.292 nuevas viviendas, según el último informe del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Balares. Esto supone un 20,9% menos que el año anterior. Tristemente, lo que más sufre es la construcción de apartamentos en edificios plurifamiliares que desciende un 35,4 % referente al 2021. Construimos casi tantos unifamiliares como plurifamiliares debido a la mala oferta de suelo y su pésima eficiencia en términos de aprovechamiento. Para que nadie tenga dudas: un promotor siempre preferirá edificar 10 viviendas a 200.000€, sabiendo que la tiene vendida antes de poner un ladrillo a un comprador local, que una a 2.000.000€ para un único comprador que quizás decide venir desde fuera. Denominar situación actual como “urbanismo desbocado o salvaje” y negar que las limitaciones y restricciones llevadas a cabo no tienen efecto sobre el precio de la vivienda es sencillamente negar una clamorosa realidad. 

Un dato muy relevante es que más de la mitad de los ingresos del Govern dependen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales generado por la compraventa inmobiliaria. Según los datos oficiales, 812,28 millones de euros han entrado en 2022 para financiar las arcas públicas, servicios sociales y toda la infraestructura que necesitan nuestras islas. Lamentamos que no se dedique ni un 1% de este impuesto para establecer un análisis y políticas de viviendas coherentes. Las decisiones sobre la mayor problemática que sufre la sociedad balear se toman a base de titulares, con datos convenientemente manipulados y sin un observatorio de vivienda independiente y de indudable rigurosidad. Por lo tanto, no es de extrañar que el 87,2% de los encuestados se muestren insatisfechos con la gestión del Govern a la hora de facilitar el acceso a una vivienda a precio accesible.

España apenas tiene un 2,5% de vivienda social cuando en Países Bajos representa un 30% y Austria un 24% del parque de vivienda existente. Baleares está a la cola de las comunidades autónomas y acumula más de 4.000 personas en espera de una vivienda social. La responsabilidad de corregir este rumbo queda recogido en la Constitución Española, la cual establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una “vivienda, digna y adecuada”. Para ello, “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias” y establecerán las normas pertinentes para hacer posible este derecho.

Nos repetiremos en la petición lanzada desde CAEB esta semana: desde ABINI exigimos un pacto entre todos los partidos para actuar de manera determinada en un plan de vivienda para Baleares a 20 años, con un acuerdo para mantener esas políticas y dejando las agendas electoralistas de lado. No es el momento de hacer política partidista con la vivienda.