Propuesta Restricción Compra Vivienda No Residentes Baleares

Los partidos políticos de Podemos y Més han promovido una petición en el Parlamento Balear y en el Senado español solicitando que el Gobierno Central español busque la manera de que se pueda presentar ante la UE en Bruselas una posible limitación de compra de inmuebles a compradores no residentes en Baleares.

Las siguientes razones hacen que esta propuesta no sea realista:

1. El Derecho de la UE protege la libertad de circulación de capitales y mercancías, además de la libertad de residencia dentro de la Unión Europea a sus ciudadanos.
2. La Constitución Española asegura igualmente la libertad de residencia a sus ciudadanos dentro del Reino de España sin restricción alguna.
3. Ninguna Autonomía en España tiene competencia para decidir ninguna inmigración, ni restricción de residencia unilateralmente.

La justificación utilizada por estos partidos para apoyar una limitación de las compras por parte de no residentes es el aumento de los precios de la vivienda y la falta de viviendas asequibles en las Islas Baleares. 

Sin embargo, es importante aclarar las razones, la causa y el efecto detrás de esto:

1. En primer lugar, los gobiernos consecutivos de las Islas Baleares han abandonado por completo una política de vivienda asequible dedicada a la clase media y trabajadora. No ha habido respuestas adecuadas ni una planificación para dotar de recursos de suelo disponibles acordes con el crecimiento de la población (tal y como comunica el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) desde 1999). Las nuevas estadísticas de crecimiento demográfico del INE indican un nuevo aumento de 300.000 habitantes en Baleares para 2035. Un hecho que ha sido totalmente ignorado por los Programas Urbanísticos de los Ayuntamientos de Baleares que gobiernan y que están en vigor y en preparación.
2. Además, los Ayuntamientos y el Gobierno Balear han ignorado sistemáticamente todas las advertencias, consejos y recomendaciones del sector de la vivienda, que durante los últimos 10 años, ha alertado insistentemente al Govern sobre el problema.  Todos los esfuerzos y medidas propuestos para paliar esta situación, respetando la estrategia de las Islas de proteger la naturaleza y evitar el consumo expansivo de suelo, también han sido totalmente obviados o sólo superficialmente implementados en la normativa urbanística, sin que se haya producido una reducción perceptible de la presión en el mercado.
3. El esfuerzo por promover una dura intervención en el mercado evita por completo aceptar la realidad de que durante las últimas cuatro décadas las Islas Baleares han trabajado con mucho esfuerzo y éxito en la creación de dos mercados inmobiliarios paralelos y coexistentes: un mercado de primera y otro de segunda residencia, que sólo muy raramente entran en interacción entre sí.
4. Los promotores de la petición de limitar la compra de segundas residencias utilizan erróneamente el ejemplo de Austria, Dinamarca y las Islas Åland, al no explicar que estas restricciones eran una parte condicional del Tratado de Entrada de la UE para esos países. Ningún Estado, y mucho menos una región por sí sola, ha conseguido introducir una limitación a posteriori, ya que el Gobierno central, la UE y todos los Estados miembros de la UE tienen derecho a estar en desacuerdo con un cambio tan fundamental y una limitación de los derechos básicos de los ciudadanos de la UE.

A nivel político, la petición de introducir la limitación cuenta con escaso apoyo:

1. Los partidos minoritarios promotores de la petición admiten abiertamente que es poco probable que esta propuesta tenga viabilidad a corto o medio plazo. Un cambio a largo plazo requeriría un cambio de la Constitución española y una renegociación del Tratado de Entrada de España en la UE de 1985. Algo que ni el Ministerio de Vivienda Central de España admite tener en la agenda y una acción que no es prioritaria para el Gobierno Central español. Aparte de solicitar al Gobierno Central que estudie las posibilidades de esta petición, la única acción real posterior que se ha producido es la creación de un Grupo de Trabajo en el seno del Parlamento Balear que también está analizando las opciones.  
2. En segundo lugar, PSIB - PSOE, el mayor socio de coalición dentro del Gobierno tripartito con Més y Podemos, está recibiendo críticas abiertas de sus socios de Més por la mala gestión del programa de vivienda. PSIB - El PSOE traslada a Bruselas la decisión última sobre cualquier tipo de limitación. Piden un nuevo estatus para las islas pobladas dentro de la UE que podría abrir el camino hacia un enfoque diferenciado. Sin embargo como afirma públicamente la presidenta balear Francina Armengol "Esto depende de la Unión Europea y el planteamiento no es inmediato. Es necesario que España asuma esta tarea y negocie con Europa, por lo tanto el camino es largo". Por otro lado, la defensa de PSIB - PSOE de que nunca ha habido más desarrollo de vivienda social es sólo parcialmente correcta, ya que no se ha hecho nada en los últimos 10 años para asegurar y promover viviendas asequibles para las clases trabajadoras y medias, potencialmente en colaboración con el sector privado.
3. El Partido Popular por parte de su Presidenta en Baleares, Marga Prohens, no sólo critica abiertamente este esfuerzo, sino que lo califica de "rayando el racismo". El PP se opone frontalmente a la disfuncional política de vivienda que se ha establecido en los ocho años de Gobierno del Pacto de Progrés (Més / Podemos / PSIB - PSOE) y presenta un plan dedicado a corregir urgentemente una situación que está castigando fuertemente a la población local. El PP dice claramente que limitar la compra de no residentes no sólo no resolverá el problema de la vivienda, sino que generará graves perjuicios a la economía balear y a sus empresas que no podrán alojar a los trabajadores que tanto necesitan para que la economía siga funcionando durante la temporada turística.
4. CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) también ha denunciado la propuesta de limitar la compra por parte de no residentes, alegando que va en contra de las leyes europeas y españolas y no corrige la falta de vivienda asequible, mientras que pone en grave riesgo al sector de la construcción, que representa el 25% del PIB de las Islas y más de 100.000 trabajadores.
5. Una encuesta realizada en diciembre de 2022 por parte del CIS, dio una imagen muy clara del sentimiento con respecto a las políticas de vivienda del Gobierno Balear. El 87,2 por ciento de los ciudadanos baleares está "insatisfecho" con la gestión del Govern a la hora de facilitar el acceso a una vivienda asequible. El 51,4 por ciento, una de cada dos personas, dice sentirse "totalmente insatisfecho", lo que sitúa a las islas como la comunidad autónoma donde más personas rechazan de forma inequívoca las políticas del Gobierno, por delante de la Comunidad de Madrid (41,2 por ciento), Canarias (34,9 por ciento) y la Comunidad Valenciana (26 por ciento), según los datos de la encuesta sobre tendencia de voto autonómico realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por el contrario, sólo el 0,4% se siente "totalmente satisfecho".

Crecientes críticas de los expertos y análisis de cómo han resultado las agresivas intervenciones en el mercado inmobiliario

1. Expertos del sector, economistas e incluso personas que antes ocupaban cargos importantes en las Administraciones Locales, se están pronunciando y sumando a las críticas contra esta campaña. El consenso es unánime en cuanto a que esta propuesta es ilegal, no representa a la mayoría de la población local y es claramente un movimiento preelectoral sin esperanzas realistas de transformarse en realidad. También existe un malestar creciente por la falta de avances reales en la búsqueda de soluciones realistas a la escasez de vivienda en las Islas Baleares.
2. Mientras tanto, las severas intervenciones en otros mercados no están dando los resultados esperados. El ejemplo más notable es Nueva Zelanda, que en 2018 limitó la compra por parte de no residentes y desde entonces ha registrado un aumento del 55% en los precios. También Berlín, con su agresiva intervención en el mercado de alquileres ha tenido consecuencias negativas sobre el precio y la disponibilidad, además de una fatal declaración de anticonstitucionalismo son motivo de gran preocupación. Lo que sucederá exactamente en Canadá tras su reciente prohibición de dos años de las compras internacionales es demasiado pronto para analizarlo.  Sin embargo, es importante destacar que la legislación europea y la Constitución española hacen imposible tal opción unilateral.