ABINI avisa: al ritmo actual harán falta 85 años para generar las 14.000 viviendas sociales que anuncia el Govern

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, ABINI, cuestiona que se puedan construir 14.000 viviendas de Protección Oficial (VPO) a la velocidad necesaria para solventar la falta estructural de vivienda a precio asequible en Baleares. Tal y como anunció en sede parlamentaria el mismo Conseller de Vivienda, Josep Marí quizás llegaremos a estas cifras en las próximas tres legislaturas. De hecho “se ha reconocido que es un asunto difícil por la escasez de suelo, inactividad de muchos municipios y falta de colaboración público-privada a la escala necesaria” ha puntualizado el presidente de ABINI, Hans Lenz.

Con el ritmo de construcción actual de 1.300 viviendas públicas desarrolladas en 8 años se tardará más de 85 años en poder cumplir el anuncio de construir 14.000 viviendas de protección. Además, Baleares tiene tan solo un 0,4% de su parque de vivienda destinado a alquiler social cuando la media europea está situada en el 9,3%. A la velocidad que vamos tardaremos casi 250 años para producir las 40.000 viviendas de alquiler a precio tasado que tanta falta nos hace en Baleares. Este es sin duda el mayor y más potente motivo de la falta estructural de vivienda a precio asequible en las Islas Baleares.

“Con estas cifras, cualquier estimación a futuro del coste de compra o alquiler de una vivienda social se convierte en una absoluta quimera. Además, debemos añadir un crecimiento adicional de población de 300.000 habitantes hasta el 2037 pronosticado por el INE. Sin una fuerte inversión ligada a una actuación diligente y coordinada, esto se nos va completamente de las manos.” ha lamentado Lenz.

Desde el sector inmobiliario se da poca credibilidad a los anuncios de 14.000 viviendas tan repetidas en las últimas semanas, debido principalmente a la parálisis administrativa en la que nos encontramos. Por ejemplo, en Palma, el 90-95% de las VPO saldrá de suelos urbanizables o unidades de actuación que están atascados - a veces desde hace décadas - en tramitaciones urbanísticas interminables y extremadamente complejas.  Suponiendo que el Plan General y Plan de Ordenación Detallado se aprueben en breve, sabemos que se tardará fácilmente cinco años para la aprobación de los Planes Parciales o Unidades de Actuación necesarios para generar las urbanizaciones. Posteriormente, habrá que sumarle como mínimo un año y medio más para la obtención de la licencia para el edificio y otros dos años para el inicio y acabado de la obra. Con estos plazos, fácilmente habrá que esperar entre 8 y 10 años para que Palma ponga a disposición la cartera de vivienda social que se anuncia en el paquete de 14.000 viviendas sociales.

Urbanizaciones a desarrollar

Detalle de las Urbanizaciones de Palma a desarrollar:

• C’as Pastors: 1.040 viviendas previstas (50% vivienda social)
• Son Ximelis: 450 viviendas previstas (50% vivienda social)
• Son Guells: 2.040 viviendas (60% vivienda social) 
• Son Bordoy: De las 750 viviendas (100% vivienda social)
• Son Busquets: 830 viviendas (100% de vivienda social)*

* el número de viviendas sociales de Son Busquets se redujo a la mitad, originalmente tenía previstas 1.668 viviendas.

Desde ABINI queremos recordar que estos suelos llevan bloqueados 15-20 años por el Plan Territorial o por los Planes Generales y falta de voluntad política para sacarlos adelante. La tramitación se eterniza por la pesada burocracia que tenemos y la enorme cantidad de legislación que no ha ayudado en absoluto para generar soluciones a la falta de vivienda para los residentes en las Islas. Por poner un ejemplo del atasco administrativo Balear, Recursos Hídricos, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, se encuentra totalmente colapsado con 4.000 expedientes acumulados y a la espera de ser tramitados. Nada va a cambiar si no se da solución urgente a estos embudos administrativos.

Para resolver esta situación totalmente insostenible la solución pasa por redactar un Decreto de Emergencia Habitacional y Reserva Estratégica de Suelo con la finalidad de generar vivienda asequible a residentes. Para ello, es fundamental establecer planes de desarrollo de vivienda pública y asequible en colaboración público-privada. Es totalmente imposible que la Administración pueda sacar esto adelante sola y el ritmo actual de 162,5 viviendas sociales por año así lo atestigua. Para resolver este enorme lastre al bienestar de la sociedad balear hay que abandonar la confrontación política e ideológica, centrándose específicamente en soluciones de eficacia objetiva, con enfoque en maximizar la eficiencia y velocidad en la ejecución. 

Ley Carbonero, el precedente

Un Decreto de estas características, apunta Lenz, no es nuevo, el Govern de Francesc Antich ya lo llevó a cabo con la Ley 5/2008 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública, conocido como la Ley Carbonero. Este decreto conllevó un aumento de edificabilidad para favorecer la producción de vivienda social ligado a una tramitación veloz que consiguió sortear los embudos y limitaciones administrativos. “Si queremos ser eficientes con el poco suelo que tenemos, este es sin duda el camino a seguir: tenemos que hacer más sobre menos superficie y en menos tiempo. Fijémonos en lo ha funcionado de forma objetiva y apliquemos estas fórmulas de manera contundente” ha afirmado Lenz.

Colaboración Ayuntamientos

Por último, pero sin ser menos importante, es indispensable la colaboración de los Ayuntamientos ya que sin ellos es inviable que se puedan poner en marcha la construcción de las 14.000 viviendas que anuncia el Govern. Lamentablemente, son muy pocos los Ayuntamientos que están desarrollando las viviendas sociales de las que disponen. Esto lleva a situaciones incomprensibles como la de Palma, donde solo hay 389 viviendas en régimen de alquiler social. Si los Ayuntamientos no cumplen con su obligación de generar la vivienda social estos suelos deberán pasar de forma urgente a manos del Govern o pasar obligatoriamente por un proceso de desarrollo en régimen de colaboración público-privada. La Administración Pública tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que se genere un parque de viviendas suficiente y a precio asequible. Una sociedad donde el 87,2% de su población está insatisfecha con la gestión de su Govern a la hora facilitar acceso a una vivienda a precio asequible (CIS diciembre 2022) se merece un plan de actuación realista y a la altura del problema.